Descubra lo que un atacante vería en su empresa en Montevideo, antes de que lo explote.
Ethical Hacking real para empresas de Montevideo: simulamos ataques con las mismas técnicas que usaría un adversario, con hallazgos priorizados por riesgo real y retest de las correcciones.
En 2025 Uruguay vivió la filtración de datos más grande de su historia reciente: 1.645.000 uruguayos —casi la mitad de la población— con nombres, cédulas y datos de vacunación expuestos en una filtración vinculada a la AGESIC, la propia agencia de gobierno electrónico (El Telégrafo). El mismo año, el ransomware Crypto24 atacó al Banco Hipotecario del Uruguay, tumbó su sitio y sus pagos, y publicó unos 700 GB de información bancaria interna. Si la agencia que dirige la ciberseguridad del Estado y un banco público pueden caer, la pregunta para cualquier empresa en Montevideo no es si es objetivo: es si sabe por dónde le entrarían. Un Ethical Hacking en Montevideo responde eso con evidencia, no con suposiciones.
Esta página describe la amenaza tal como golpea a Uruguay, la superficie de ataque por sector, qué cubre una prueba de ethical hacking, la normativa uruguaya aplicable y las preguntas que debería hacer antes de contratar.
En resumen: DragonJAR SAS, empresa colombiana de seguridad informática ofensiva con sede en Manizales (comunidad desde 2001, empresa desde 2012), realiza ethical hacking real para empresas de Montevideo, con informes ejecutivo y técnico en español, priorizados por riesgo de negocio, y retest de las correcciones.
Tabla de Contenido
La amenaza en Uruguay, con casos públicos
Los dos casos de 2025 marcan el tono. La filtración de la AGESIC expuso datos de 1,6 millones de personas: el atacante no necesitó vulnerar un banco, le bastó la agencia estatal. El ransomware contra el Banco Hipotecario demostró que el sector financiero —incluso el público— está en la mira directa, con cientos de gigabytes publicados como presión. A eso se suman la filtración de 37.000 documentos del Ministerio de Desarrollo Social y el hackeo de la web de DINACIA. El patrón es claro: en Uruguay se ataca al Estado y a la banca, y las empresas privadas caen en el barrido automatizado o como puerta lateral hacia esos objetivos.
Montevideo concentra casi todo: la banca, las fintech, la industria del software y las sedes corporativas. Ser la capital económica en un país de 3,4 millones de habitantes significa que un solo incidente en una empresa mediana puede exponer datos de una fracción relevante del país.
Superficie de ataque por sector en Montevideo
Fintech y pagos. Uruguay es cuna de dLocal —fundada en Montevideo en 2016, primer unicornio uruguayo y cotizando en Nasdaq desde 2021 (Wikipedia)— y de un ecosistema de pagos electrónicos regulado por el BCU. Procesar dinero ajeno le convierte en objetivo permanente: APIs de pago, billeteras y plataformas con datos financieros.
Software y servicios TI. Las exportaciones de servicios informáticos alcanzaron los 1.349 millones de dólares en 2025, tercer rubro de exportación de servicios del país, con unas 20.500 personas ocupadas (Infoesfera/Uruguay XXI). Software factories con código de clientes internacionales, accesos remotos de desarrolladores y repositorios: cada cliente extranjero es un motivo para atacar al proveedor uruguayo.
Banca. Dos bancos públicos y once privados bajo supervisión del BCU. Banca en línea, apps móviles y banca corporativa: el objetivo clásico, con atacantes que ya demostraron capacidad contra la banca pública.
Estado y proveedores. Con la AGESIC dirigiendo la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024–2030 y el Marco de Ciberseguridad del Uruguay, los proveedores del Estado heredan exigencias concretas. Si vende al sector público uruguayo, su seguridad es su seguridad.
Qué cubre un ethical hacking en Montevideo
Lo que un atacante vería: aplicaciones web y APIs (portales, áreas de cliente, integraciones de pago), infraestructura expuesta (VPN, correo, accesos remotos), red interna (movimiento lateral, escalado de privilegios: qué alcanza alguien que ya está dentro) y revisión de la postura de datos (quién accede a qué, si un usuario puede ver datos de otro). Todo con explotación real, encadenamiento de hallazgos y reporte de impacto demostrado —no una lista de «posibles» vulnerabilidades.
Para fintechs y emisores de dinero electrónico, el alcance debería alinearse además con lo que el BCU supervisa: controles de ciberseguridad con enfoque de riesgo y autenticación reforzada en canales digitales.
La normativa uruguaya que aplica (verificada)
La Ley 18.331 de Protección de Datos Personales (2008) reconoce la protección de datos como derecho fundamental y crea la URCDP como órgano de control con potestades de fiscalización y sanción (gub.uy). Uruguay además tiene decisión de adecuación de la Comisión Europea desde 2012 (reconfirmada en 2024): sus datos se tratan bajo un estándar reconocido internacionalmente, y las sanciones por no cuidarlos son reales.
En ciberseguridad, la AGESIC dirige la política nacional, con el CERTuy como centro de respuesta y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024–2030 como hoja de ruta. Y el Banco Central del Uruguay aprieta donde más duele: las emisoras de dinero electrónico deben reportar sus capacidades de ciberseguridad, y la Resolución SSF 2025-744 (vigente desde el 1 de octubre de 2026) obliga a autenticación reforzada en canales digitales. Ninguna norma dice literalmente «contrata un ethical hacking» —desconfíe de quien lo afirme—; pero todas exigen medidas proporcionales al riesgo, y un ethical hacking con informe y retest es la evidencia más sólida de que existen.
Escenarios típicos que encontramos
El portal con datos cruzados: aplicación donde manipulando un parámetro se accede a la información de otro cliente. En un país donde una sola filtración puede afectar a cientos de miles, este hallazgo es el más grave y el más común en desarrollos sin pruebas de seguridad.
La API de pagos sin control de acceso: endpoint que permite operar sobre cuentas ajenas. En fintechs, este es el hallazgo que quita el sueño: impacto financiero directo, no solo filtración.
El proveedor del Estado sin evidencia: empresa que vende al sector público y enfrenta los requerimientos del Marco de Ciberseguridad sin nada que mostrar. Un informe de ethical hacking convierte esa auditoría en un trámite en lugar de una crisis.
Preguntas frecuentes sobre el ethical hacking en Montevideo
¿La Ley 18.331 me obliga a hacer ethical hacking?
No literalmente: exige medidas de seguridad adecuadas para los datos personales. Pero la URCDP fiscaliza y sanciona, y ante una brecha la diligencia demostrada cuenta. Un ethical hacking periódico con retest es la mejor evidencia de diligencia que existe.
¿Qué diferencia hay con un análisis de vulnerabilidades?
El análisis automatizado lista posibles fallos; el ethical hacking los explota y demuestra el impacto real. Para tomar decisiones —y para responder ante un regulador— necesita la prueba.
¿La prueba puede interrumpir mi servicio?
No. Alcance cerrado, ventanas acordadas y reporte inmediato de hallazgos críticos con recomendación de contención, todo por escrito antes de empezar.
¿Trabajan con empresas que deben cumplir exigencias del BCU?
Sí: el alcance se puede alinear con los focos de supervisión del BCU —controles de ciberseguridad, autenticación reforzada, gestión de incidentes— para que el informe sirva también ante auditorías.
¿Cada cuánto repetirlo?
Al menos una vez al año y tras cada cambio relevante: nueva app, nueva integración de pagos, migración cloud. Con el nivel de incidentes que vive el país, medirse una vez y olvidarse no es una estrategia.
¿Cuánto cuesta y cuánto tarda un ethical Hacking en Montevideo?
Depende del alcance: cuántas aplicaciones, APIs, direcciones IP o sedes entran, la profundidad de la prueba y las ventanas disponibles. El costo y el plazo se confirman en la propuesta que recibe tras solicitarla. Solicitar cotización.
Lo que pasa cuando nos escribe
Cuéntenos en el formulario de contacto a qué se dedica su empresa en Montevideo y qué sistemas sostienen su operación. Le respondemos en menos de 24 horas hábiles con una llamada de descubrimiento sin costo donde definimos el alcance exacto —y le decimos con franqueza si lo que necesita no es un ethical hacking—. Sin compromiso.
DragonJAR es una empresa de seguridad informática ofensiva —comunidad desde 2001, empresa desde 2012—: pruebas reales con explotación y encadenamiento de hallazgos, informes que su dirección entiende, hallazgos validados manualmente y retest incluido. En un país donde la agencia de ciberseguridad del Estado ya fue filtrada, la única pregunta sensata es por dónde le entrarían a usted.