En Colombia dos de cada tres computadores utilizan programas computacionales ilegalmente adquiridos. De esos, el 80% hacen funcionar diversas entidades del país que abarcan, entre otras, a pequeñas y grandes empresas, y no se descarta incluso que varias instituciones estatales estén vulnerando la ley.
Un importante porcentaje de instituciones públicas y privadas, colegios y universidades, grandes y pequeñas empresas evaden la ley sin reparar en los perjuicios económicos que sobrepasan los 50 millones de dólares anuales que pierde el Fisco por concepto de impuestos.
El delito de la piratería informática hasta hoy no tiene claramente un ente fiscalizador que lo sancione, por lo que dichas entidades operan fraudulentamente en la actualidad pese a que Colombia se comprometió, en el marco de los diversos tratados de libre comercio, a mejorar una legislación, vigente desde 1970, que repare esta anormalidad.
Carolina Restrepo, gerente de Licenciamiento de Microsoft, advierte que en Colombia el 63% de los computadores que están en los hogares funciona con programas de esa empresa adquiridos ilegalmente (básicamente Windows y Office), mientras que las cifras de las empresas e instituciones que cuentan con ese mismo tipo de softwares comerciales piratas se estiman en 35%.
Frente a esto, a Microsoft le resulta muy difícil llevar un conteo detallado de las instituciones que cuentan con los programas piratas, puesto que existe una alta renovación de licencias de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que operan con razones sociales distintas, según señala la representante de la multinacional de Bill Gates. Rubia asegura que el tema de la piratería les preocupa en forma muy especial.
“Nosotros nos damos cuenta que la piratería se genera cuando no hay la suficiente protección a la propiedad intelectual, y cuando en una empresa en colombia, por ejemplo, se instalan programas como el Office en todos los computadores, evidentemente se viola este derecho de propiedad por los cuales Microsoft invierte sobre cinco billones de dólares al año para crear nuevos productos”.
Como el tema de la reproducción indiscriminada de programas computacionales comerciales, tanto en Colombia como en el mundo, resulta una dura batalla, Microsoft se decidió a dar un giro completo al problema y por eso ahora la preocupación está centrada en brindar un servicio óptimo al cliente fiel, y no luchar contra un difuso enemigo como lo es la piratería explica.
Amarrados por compromisos internacionales
“Aún falta mucho por hacer en materia legislativa sobre propiedad intelectual, pues según hemos constatado en la discusión que se da en el Congreso respecto al tema, no se están concretando las medidas disuasivas en contra de los piratas que se fijan en el TLC con EE.UU. En este sentido, resulta que la ley es realmente insuficiente”, afirma Ponce.
Así, que en el trámite del proyecto de ley radicado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se consagre la posibilidad de poder copiar sin autorización softwares, resulta grave para la industria, acota la representante de Microsoft, y esto va en contra de los estatutos que colombia ha suscrito respecto de la propiedad intelectual en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor aprobado por el Congreso en 2001.
Si bien en ADS declinan aportar nombres de empresas o instituciones vinculadas a la piratería, explican que del 63% de computadores a nivel nacional que operan con programas adquiridos ilegalmente, el setenta por ciento pertenece a dichas entidades, algunas de ellas públicas. En ciertos casos, éstas rompen la ley por desconocimiento, pero hay otras que no escatiman en poner reparos para eludir la norma durante años.
“En estos casos, por el momento las soluciones se han conseguido a través de acuerdos prejudiciales, donde los abogados de las empresas perjudicadas actúan en los tribunales de justicia. Y se llega a avenimientos donde se pagan las indemnizaciones respectivas, pues dichas instituciones temen que sus nombres figuren en los medios por este acto ilegal”, cuenta Ponce.
Cabe preguntarse con qué métodos de fiscalización se controla el tema de las licencias que deben adquirir las instituciones. Ante esto, la Cámara Nacional del Comercio (CNC) publica un listado de empresas que acreditan la obtención de certificados de los softwares con que operan, programa denominado “Yo juego limpio, Me certifico”, pero hasta el momento la nómina congrega a no más de 400 instituciones.
Aunque el gerente de ADS niega que dicha entidad actué como controladora de la propiedad intelectual, su rol consiste en auditar voluntariamente a los organismos para detectar las irregularidades que presentan sus computadores personales, y “si encontramos problemas, lo informamos a las autoridades de dichas empresas para que regularicen su situación”.
Reparos ante proyecto de ley
Una de las principales falencias que destacan en el proyecto de ley que actualmente se debate en el Congreso, según las instituciones defensoras de la propiedad intelectual, dice relación con el artículo 79 que según entienden aminora las penas para los infractores de la ley al establecer penas alternativas de presidio menor “o” multa para ciertas conductas delictivas que actualmente están sancionadas con presidio “y” multa, simultáneamente. Excelente noticia para los piratas, según interpretan en la ADS, pues “la práctica demuestra que los jueces generalmente condenan al mínimo establecido en la ley”.
Diego Ponce enfatiza que una de las herramientas que podría utilizar el gobierno para evitar la proliferación de softwares piratas en las instituciones, sería adjudicar las numerosas licitaciones oficiales a las empresas que cuenten con la acreditación que otorga la CNC, o que sean beneficiadas con una mayor puntuación a la hora de considerar sus propuestas. Y “esa sí sería una medida bien vista por nuestros socios comerciales, que, según sé, están muy al tanto de lo que se discute en el Parlamento”.
“Para frenar la piratería en nuestro país, hace falta un cambio cultural, tanto quizás como lo fue en su momento lo que se hizo con la obligación de usar cinturón de seguridad, que hoy para muchos ya está asimilado. Por esto el trabajo del gobierno debe apuntar a educar, desde los primeros años sobre que el pirateo de software es un robo”.
Por ahora, los piratas pueden seguir con su negocio. Porque, tal como alude la publicidad televisiva, habrá que esperar hasta marzo, mes en que los parlamentarios retoman sus actividades legislativas.
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